Los desahucios, tal como están planteados hoy en día en la corrompida
España, son un asesinato; despiadadamente consentido, apoyado, sin algún rubor promovido
por un sistema de partidos y de sus satélites al calor de las prebendas. Gobernantes, oposición, Bancos, Cajas, arrendatarios, todos son responsables de este exterminio de gente buena. Los desahucios son como gasificar víctimas; las denuncian, las desnudas, las dejan al pairo y sobre ellas sólo cabe el gas mortífero del suicidio.
Y nadie legisla sobre esa necesaria Ley de Afectados por la Vivienda.
Ayer hubo otro suicidio, en Chamberí. Desde un quinto piso una mujer se
arrojaba al vacío. En ese momento un cortejo de funcionarios, una comisión
judicial con un requerimiento judicial tocaban a la puerta para materializar el
desahucio. Nadie les abrió la puerta. Mientras insistían las llamadas, ella, la
mujer, se lanzaba por la ventana al vacío recibiendo un fuertísimo impacto en
el suelo. Falleció Alicia, de 65 años, por parada cardiorrespiratoria en un
hospital improvisado que se colocó en los alrededores de la vivienda. Llevaba
alrededor de cinco años viviendo en esta casa hasta que las rentas le
impidieron pagar con regularidad.
Nadie ha dado una explicación desde el Ayuntamiento de Madrid; sobre si
hubo, entre la progresía que gobierna con Carmena para su usufructo Madrid, un seguimiento
de la situación de la afectada; si tenía conocimiento de este desahucio por la
labor de los agentes policiales. Y lo habitual en la España del Estado de Partidos,
silencio total. Habitual entre dictatorzuelos. Por cierto que llegaron al poder
engañando sobre imprescindibles plataformas que defenderían a los desahuciados
y acabaron algunos de pequeño burgueses con casonas de lujo y todos enchufando
a sus familiares y demás cuadras de comederos en puestos remunerados escandalosamente.
Desde aquel fatídico año 2012, en el que Amaya Egaña se suicidó en
diciembre cuando la comisión judicial que iba a desahuciarla subía por las
escaleras de su casa en Bilbao, no se ha hecho nada, salvo usar de estas
desgracias para ganar votos y poder. Aquel suicidio, en plena crisis económica
negada por los gobiernos del PSOE y PP, conmocionó a la ciudad y fue contestada
con una gran movilización que presionó al Gobierno para que tomara medidas para
evitar los lanzamientos hipotecarios. Seis años después, una mujer de 65
años se ha tirado por la ventana su
vivienda en Madrid el día de su desahucio. Vivía de alquiler. Al contrario, con
la inflación desbordada y la caída de la retribución salarial así como la
pérdida de puestos de trabajo, la situación ha empeorado. Incluso los buitres
suben alquileres. En san Sebastián, ciudad bonita y tonta, en un barrio
alejado, marcando además el precio de la provincia, una casa deshilachada y si
más, de 1000 euros para arriba. Eso, no se puede pagar hoy en día. Las medidas anti
desahucios promovidas por el PP en los años más duros de la crisis no abordaron
la situación de inquilinos que no pueden pagar la mensualidad. Con el PP se
encontraron aún más desprotegidos y son víctimas judiciales de lanzamientos que
son más exprés.
Fue tan grave la situación que Amnistía Internacional ya alertaba el
año pasado de esta desprotección era nefasta para los ciudadanos; la achacaba a
la liberalización del sector de la vivienda y a la aceleración del proceso
judicial. Y ante la negativa de los gestores del país a buscar medidas
paliativas para frenar la oleada de lanzamientos hipotecarios. Quedaron los
inquilinos cada año más solos. En el 2013 Rajoy redujo los contratos de cinco a
tres años. Ya la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fue reformada en 2009 por el
Gobierno socialista de Zapatero, centró los procedimientos judiciales por alquiler,
agilizándolos; recortando las posibilidades del inquilino de alegar; acortando
a la mitad el tiempo con el que debe avisar el arrendador de que va a demandar
y se redujo el plazo de las familias para pagar o responder a la demanda a 10
días. Y lo más cruel y lacerante es que, con sólo la denuncia, en los plazos
expuestos, los tribunales ejecutan los lanzamientos sin examinar la
proporcionalidad, como queda indefenso un ciudadano al albur de las estrellas o
del suicidio, sin contemplar la situación de los inquilinos y sin valorar el
grado de desigualdad entre arrendador y arrendado. Desprotegidos
absolutamente. ¡Márchate y que te den
por el culo! Sin alguna garantía de los derechos básicos de los inquilinos y hasta
la ONU lo advirtió.
¿Por qué Alicia se ha suicidado que se dice pronto? Porque estamos en
el peor momento posible. La odiosa casta política española, alguna muy
progresista, engañó a pobres gentes
susceptibles de tener un día problemas o que pensaban que iban a encontrar más
justicia con los nuevos jabatos impolutos que llegaban. La misma casta hedionda
que ha acelerado la crisis en España es la culpable de que esta gente se
suicide; así como los propietarios de viviendas que se acogen a unas leyes
fascistas donde cualquiera de nosotros se ve arruinado de un mes para otro, sin
ofrecer alguna salida. La quiebra de España es absoluta; la inflación desbocada;
el déficit público nos asfixia; la crisis económica sigue presente en las
familias; los precios están disparados; no existen viviendas sociales y
algunas, pocas, se las reparten por enchufe a los lameculos de los enchufados
de las instituciones; a pesar de las promesas, las administraciones, no tienen cartera de
viviendas sociales y hasta de han vendido en “Fondos Buitre· para mayor
escarnio; y todo el Estado de Partidos ha desprovisto al país de herramientas legislativas para cambiar eso.
Es
como en el Oeste: “si no pagas, me voy al juzgado y te vas a la puta calle”.
Sin que nada o nadie pueda impedirlo, sin que puedas alegar nada ni aunque te
estés muriendo. Este mismo sistema de la “burbuja” con la llegada del PP, el
bloqueo de Ciudadanos y antes de los socialistas a los que sólo preocupaban reformas en beneficio de la banca y el resto
de grupos parlamentarios que no tienen
prisa en redactar las enmiendas a la Ley, entre todos, han conseguido que en
ciudades suban más de un 45% los alquileres desde 2013. Un metro cuadrado
costaba poco más de 11 euros en 2013 y hoy ya supera los 16. Y no existe manera de revertir esta situación.
Nadie cree ya a algún político, ni por supuesto a los burguesotes de Unidos
Podemos con su leve idea de subir a 5 años los contratos de alquiler y controlar precios
abusivos, a ninguno, que sólo usan de los demás para acaudalar poder, consensuando en este
sistema absolutamente antidemocrático. Ello
no es sólo un fracaso de los gobernantes y de toda la sociedad, es un asesinato.
