lunes, 19 de febrero de 2018

CRÓNICAS MUTANTES: ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO DEL SOBRECOSTE DE LA LONJA DE PASAIA?


La Lonja del Puerto de Pasaia es un escándalo sin fondo. Sobre todo, protagonizado por Rajoy, representante del gobierno y del PNV, corrupto partido que pactó con el PP como deshacerse de la ex abogada del Estado: Macarena Olona. Resultaba muy molesta porque pedía explicaciones sobre los casi ocho millones de euros que costaba de más una Lonja que aún no se ha terminado y que en la actualidad se encuentra paralizada. Nadie, ni Ayuntamiento de Pasaia, Diputación de Gipuzkoa, Gobierno Vasco, algún partido político vasco o del Estado habló o mencionó sobre este escándalo que salpica al gobierno central y al PNV.


Las obras comenzaron en el 2011 y debían haberse acabado en el 2014. ¡Ni por esas! Tuvieron una demanda de plagio y debieron presentar de nuevo los planos. Hoy, se encuentra paralizada e investigada por posibles prácticas delictivas, por un Juzgado de Instrucción de San Sebastián. Como telón de fondo, la gestión nefasta del presidente de la Autoridad Portuaria Ricardo Peña; no solo no concluyeron las obras, sino que dispararon su precio, de los 14,9 millones presupuestados a los 23 millones gastados y sin que se viera el resultado concluido.



Hay dinero de los presupuestos generales del Estado, la obra está ejecutada por la Autoridad Portuaria del Estado y gestionado todo por el Gobierno Vasco y su partido omnipresente siempre: el PNV. Ni el presidente Peña, ni el Gobierno Vasco o el Central controlaron nada de unas obras que ahora tienen un sobrecoste de8 millones de euros. Todo huele a delito: retrasos injustificados; dinero público gastado en procedimientos irregulares y un destino dudoso y el sobrecoste que nadie explica. Presuntas irregularidades que tienen un posible encaje en al menos seis tipos penales: prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas.



Pero todo ello que huele a corrupción de Estado de Partidos ha tenido un desenlace hoy mismo para quedarnos con la boca abierta, que ya es difícil cuando de supuestos ladrones y políticos españoles se trata. Si hubiera algo de democracia en España y en la cuentista Euskadi, las acusaciones realizadas hoy por Macarena Olona, ex abogada del Estado, harían temblar los cimientos de Rajoy, Urkullu, de toda la patulea partitocrática del Ayuntamiento de Pasaia que ha sido un cáncer para ese pobre pueblo guipuzkoano, y de la propia Diputación de Gipuzkoa regentada por el PNV. Y el dinero no aparece.


Sólo una Euskadi anestesiada por las ínfulas nacionalistas y rehén el gobierno central de sus pactos con ellos, puede no dar mayor importancia a que falten ocho millones de euros a a casi nadie importe. Y que aparezca Nacarena Olona y denuncie un pacto PP/Rajoy/PNV/Urkullu para mandarle a Alicante y desembarazarse de ella, y que la prensa que ni lo recoja. ¿Qué viene sucediendo?  Sólo por preocuparse del paradero de los ocho millones, Rajoy y Urkullu quisieron enviarla su tierra de origen: Alicante. Desde los servicios jurídicos de la administración central en Euskadi a tierras alicantinas para estudiar la corrupción en esos lares. ¡No eres alicantina, pues vete a estudiar la corrupción allí! Y el 3 de mayo del año pasado, Rajoy y su amigote Urkullu, firmaron un pacto de silencio; sin fotografía, el 3 de mayo del 2017 le hicieron un homenaje; la descabezaron por investigar el paradero de los ocho millones; fue seleccionada por la Fundación presidida por el notario Ignacio Gomá Lanzón por «su encomiable labor en Defensa del Estado de Derecho en el País Vasco, y en especial, en la lucha contra la corrupción en un ámbito tan opaco como los Puertos del Estado y la enviaron nada menos que a la Secretaría General de Mercasa, tras pactar Rajoy con Urkullu. 


¡A menudo sitio fue a parar! Mercasa, cuya cúpula fue imputada por sobornos para conseguir contratos y muy ligada a los González y al del Canal Isabel II. Macarena fue ascendida al mes siguiente de la imputación de Mercasa, mayo del 2017. Conecta todo con algo muy extendido en la nauseabunda política española: obras públicas cuya finalidad de la mayoría de las empresas públicas es que se forren un buen puñado de listillos (amigos y familiares y el partido de turno). ¡Todo queda en casa!





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